Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida solicita revocar la Resolución de Calificación Ambiental y decretar la caducidad del proyecto geotérmico en géiseres de El Tatio
En relación con el desastre ambiental que se registra desde el 9 de septiembre en los géiseres de El Tatio, que dicen relación con el colapso de uno de los pozos de reinyección utilizados en las faenas de exploración del proyecto "Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I", de la Empresa Geotérmica del Norte S.A., y teniendo en consideración el conjunto de irregularidades que precedieron su puesta en marcha, las organizaciones e instituciones firmantes, pertenecientes a la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, solicitamos públicamente a las autoridades de gobierno, encabezadas por la Presidenta Michelle Bachelet, lo siguiente:
1. La revocación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto y decretar su caducidad, así como garantizar al país que se perseguirán responsabilidades civiles en este hecho, y la mitigación y reparación del daño patrimonial y ambiental acontecido.
2. Denunciamos la irresponsabilidad por parte del gobierno, al dar su respaldo político a este proyecto antes de finalizar el proceso de evaluaciones ambiental que establece la ley, particularmente a través de las declaraciones formuladas por los ministros de Energía y de Minería.
3. El Estudio de Impacto Ambiental señala que el reservorio en exploración no está conectado con el campo geotermal de El Tatio. Sin embargo, los efectos de la fuga y derrame geotérmico demuestran lo contrario; en el área de exploración actualmente existe una columna de agua y vapor que se eleva sobre los 60 metros y su base es de 2 metros. La contaminación de caudales superficiales afluentes del río Loa es inminente, puesto que entre los contaminantes geotermales destacan arsénico y mercurio, entre otros.
4. El desarrollo de este proyecto implica la vulneración por parte del Estado a los derechos que las comunidades indígenas tienen sobre el territorio que ancestralmente han ocupado, así como el derecho al ambiente, al agua y al desarrollo, reconocidos en la Ley Indígena; en el Convenio 169 de la OIT; en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; en la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas de América; en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; en la Convención sobre la Diversidad Biológica y en la Agenda 21.
5. Nos sumamos al malestar de las comunidades indígenas y locales, organizaciones sociales, empresarios turísticos y personas particulares, víctimas de este colapso ambiental como consecuencia de la actuación negligente del gobierno y la empresa responsable de las faenas, los que no consideraron las advertencias realizadas por estos colectivos, fundadas en evidencia científica y la experiencia internacional en esta materia. Esta declaración fue dada a conocer a la opinión pública el 19 de julio del 2008 (en San Pedro de Atacama), a través de la Mesa de Defensa de El Tatio, convocada por el Consejo de Pueblos Atacameños. En dicha ocasión, citando ejemplos internacionales, se dio cuenta que las perforaciones implicarían el daño que hoy se evidencia.
6. Respaldamos las gestiones y manifestaciones convocadas por las comunidades locales, dirigidas a defender su territorio ancestral, la actividad turística sostenida por múltiples empresarios de diversos ámbitos sociales y étnicos, que han mostrado al mundo la belleza y particularidad de estos ecosistemas únicos, los que hoy son universalmente reconocidos y apreciados.
7. Rechazamos la actitud contradictoria e inconsecuente del gobierno, que, por una parte, incentiva la industria del turismo por medio de programas, fondos e instituciones, tales como CORFO, INDAP, CONADI, SERNATUR, DGA, SERCOTEC, EUROCHILE y que, por otro lado, destruye el patrimonio turístico que sustenta dichas actividades. Sobre todo rechazamos la política discriminatoria del gobierno que favorece los usos industriales de los recursos naturales sin considerar las demandas y advertencias de las comunidades locales organizadas que han utilizado esos recursos desde tiempos inmemoriales.
8. Rechazamos la explotación geotérmica de El Tatio, toda vez que es el principal patrimonio turístico del territorio y sostiene las actividades económicas de la provincia del Loa, siendo por tanto el lugar menos indicado para experimentar esta nueva tecnología en el país. En efecto, es un territorio ancestral indígena y las comunidades mayoritariamente se han opuesto a su explotación; es un área de protección natural, atractivo turístico fundamental para el desarrollo de las economías locales, y además, el proyecto en sí no cuenta con planes de contingencia y riesgo que den garantía de que su ejecución va a salvaguardar la sustentabilidad ambiental, social y cultural de este territorio.
Esperamos que la Presidenta de la República acoja nuestra solicitud y se pliegue a estos planteamientos, adoptando todas las medidas necesarias para revertir esta tragedia, que da cuenta de la debilidad institucional chilena y una practica sistemática de vulneración de derechos al amparo gubernamental, en desmedro de los recursos naturales y comunidades indígenas y locales en áreas de extrema fragilidad ecológica.
Organizaciones e instituciones firmantes:
Vicariato Apostólico de Aysén; Obispado de Copiapó; Observatorio de Derecho Ciudadanos; Ecosistemas; Caritas-Chile; Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación; Consejo de Pueblos Atacameños; Red de Mujeres del Norte Grande (ANAMURI); Instituto de Ecología Política (IEP); Comité pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF); Acción por los Cisnes; Coordinadora de Defensa Ríos del Maipo; Confederación de Religiosos y Religiosas de Chile (CONFERRE); Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA); Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENATRAOS); Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU); Programa Chile Sustentable; Agrupación Ciudadana pro Defensas del Corredor Biológico Nevados del Chillán, Chañaralinos Defensores de la Naturaleza (CHADENATUR); Asociación de Agricultores de Calama; Comunidad Aymará de Quillagua; Comunidad de Cupo; Consejo de Pueblos Atacameños; Surire Comunidad; Comunidad Indígena de Mullurí; Comité Iniciativa Arica Parinacota Sustentable (CIAPS); Herederos de la Patagonia; Coalición Aysén Reserva de Vida; Consejo Defensa de la Patagonia;, Agrupación de Defensa del Valle de Chalinga; Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (OCAS); Comité de Defensa del Valle de Chuchiñi; Comisión Agua y Vida, Vicariato de Aysén; Movimiento Ecologista de Antofagasta; Movimiento Ecologista de la Región de Coquimbo; Vigilante Costero Maule Itata; Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo; Movimiento por la Defensa del Mar; Programa Radial "Tierra Alerta" (Coquimbo); Comunidad Chuzmuza; Movimiento de Defensa del Río Achibueno; Territorio Lifko Melipeuco; Comunidad Indígena Aymará de Cancosa; Coordinadora Defensa del Río San Pedro; Centro Investigación de Pueblos Indígena; Departamento Justicia Paz e Integridad de la Creación; Red de Organizaciones de San Pedro; Obispado de Valdivia; Coordinadora por la Defensa del Agua de Copiapó; Comunidades Ancestrales del Territorio de Liquiñe; Asociación de Agua Potable Rural de la Región de Coquimbo; Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA).
Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida
www.derechoalagua.cl
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