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martes, 13 de agosto de 2013

LA CAMPAÑA DEL TERROR PARA PERPETUAR EL MODELO DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Pedro Maldonado - Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile
Desde julio, la opinión pública ha sido bombardeada por una campaña lanzada a través de los principales medios de prensa del país, destinada a difundir los resultados de un estudio realizado para la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) por un grupo “trasversal” de expertos. Al respecto, no sólo resulta discutible la transversalidad del grupo, sino también las bases en que se asienta el análisis realizado y las conclusiones que de él derivan.
Un elemento central de su argumentación es que “la operación eficiente del sistema requiere de grandes centrales generadoras que lo abastezcan en forma continua y a bajo costo”. Dicha premisa contiene algunas falacias o insuficiencias conceptuales destinadas a perpetuar un modelo que ha demostrado sus limitaciones, conduciendo a un sistema eléctrico vulnerable, dependiente del mercado internacional, sucio, carbonizado y de precios elevados. 
Los autores del informe ignoran la necesidad de reducir la vulnerabilidad y mala calidad del servicio eléctrico derivada de los megaproyectos y la urgencia de definir una estrategia de generación distribuida-- donde unidades generadoras más pequeñas, normalmente en base a energías renovables, se asocian directamente a los requerimientos locales: residenciales, de servicios y productivos. Esto circunscribe el efecto de eventuales fallas a la zona de influencia de la central, reduce las pérdidas de transmisión y distribución, disminuyendo la actual congestión de las líneas de transmisión.
Por otra parte, se confunde operación eficiente con el ingreso de centrales de menor costo de operación, ignorando las externalidades – sociales y ambientales - que presentan las centrales térmicas, particularmente las de carbón, estimadas, en este último caso en US$60/MWh. Por último, y vinculado a lo anterior, se suele confundir a la opinión pública  asimilando costos medios con precios, estos últimos determinados por la significativa presencia de unidades generadoras que consumen petróleo diesel (lo que explica los elevados precios actuales). Adicionalmente, se asume una visión estática de los costos de las distintas opciones energéticas, desconociendo que los costos de la generación basada en combustibles fósiles tienen una clara tendencia al alza, mientras que los basados en energías renovables, tienen una propensión significativa a la baja. De hecho, hoy muchas centrales ERNC son competitivas en Chile, ofreciendo precios inferiores a los resultantes de las últimas licitaciones de abastecimiento a las distribuidoras eléctricas o fijados como precios techo para las licitaciones llamadas recientemente (definido en US$ 130/MWh).
Se afirma en el informe que debido al retardo en la aprobación de los proyectos, el sistema enfrentará períodos de estrechez en que se deberá recurrir a opciones ineficientes y de costo elevado, sin reconocer que hace años que el país está viviendo esta situación. Al respecto se anuncia que, de mantenerse la situación actual, en el 2018 el precio de la energía alcanzará 130 US$/MWh comparándolo con un precio actual, no consistente con la realidad, de US$90/MWh, evaluando en US$ 2.000 millones lo que perderán los consumidores debido al mayor costo de la energía. Este argumento falaz pretende lanzar a los consumidores contra las organizaciones ciudadanas.
Al referirse al retraso y judicialización de los proyectos, se omite comentar las limitaciones de la institucionalidad ambiental, brevemente: i) línea base definida por consultores contratados por la empresa responsable del proyecto, ii) reducidos recursos destinados a desarrollar la línea base, iii) falta de canales efectivos de participación informada y vinculante, desde las primeras etapas del proyecto, iv) institucionalidad pasada a llevar por la autoridad, v) no respeto del convenio 169 de la OIT y vi) la desprotección de las áreas silvestres protegidas.
Parte de sus propuestas, además, se basan en la eventualidad de disponer de gas natural de bajo precio, lo que supone adquirir shale gas desde Estados Unidos, sin tener en cuenta que no es evidente que ese país exporte dicho gas y/o que los precios se fijen en función de los costos de producción, situación que no corresponde con la conducta del mercado mundial de combustibles.
En relación a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), el informe les concede una participación de 10% en el año 2020, olvidando que entre enero y mayo de 2013, el total de los retiros de ERNC de los generadores llegó al 7,1% superando el cumplimiento de los contratos de suministro establecido por la Ley 20.257 en más de 2% (Es más, el 16 de junio, dicho aporte alcanzó a 7,95%) Los expertos contratados por la CPC cuestionan una mayor proporción de ERNC, ya que según ellos habría que disponer de una mayor capacidad en centrales de base (térmicas y de embalse) y un desarrollo importante de la transmisión para respaldar el carácter intermitente y el bajo factor de planta de las ERNC. Ello supone desconocer, por una parte, que las redes de transmisión ya están congestionadas, explicando los mayores precios de la electricidad en ciertas zonas, y por la otra, la capacidad de manejo de los Centros de Despacho Económico de Carga en casos de intermitencia pronunciada y, finalmente, las opciones técnicas de almacenamiento.
Este sesgo anti-ERNC lleva a los autores a no incorporar a estas fuentes en las futuras licitaciones destinadas a abastecer las empresas distribuidoras. Por el contrario demandan que se contemple la participación, en dicho proceso, de centrales existentes que hoy operan con petróleo diésel. Dada la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles, se sugiere que las licitaciones se indexen al precio spot, de manera de eliminar los riesgos para las empresas, transmitiéndolos  a los usuarios.
Ante esta arremetida por perpetuar el modelo, existe una respuesta sustentable a los problemas que aquejan al sistema eléctrico chileno. Se trata de la propuesta “Chile necesita una gran reforma energética” realizada por la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP), que apunta a democratizar el sector eléctrico chileno, estableciendo el acceso a la energía como un bien público; ampliando la responsabilidad y atribuciones del Estado para orientar el desarrollo eléctrico: incluyendo condiciones de transparencia y control del mercado eléctrico en cuanto a costos, diversificación y competencia, ya que el futuro energético de Chile no puede ser determinado por los intereses de las empresas eléctricas, en detrimento del interés común, del medioambiente y de la ciudadanía.

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