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jueves, 23 de abril de 2015

Primera etapa de estudio de cuencas identifica potencial hidroeléctrico de 11.000 MW entre los ríos Maipo y Yelcho

Fuente: http://www.minenergia.cl/ministerio/noticias/generales/primera-etapa-de-estudio-de-cuencas.html
El Ministro de Energía, Máximo Pacheco, destacó que este trabajo permite definir, por primera vez y de manera sistemática, que estos recursos, excluida la Región de Aysén, se concentran principalmente en siete cuencas: Bueno, Valdivia, Puelo, Toltén, Maule, Yelcho y Bío Bío.
Asimismo, la autoridad valoró que en el 10% del territorio de las cuencas analizadas se encuentra aproximadamente el 60% del potencial hidroeléctrico detectado.
Dando cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en la Agenda de Energía, esta mañana el Ministerio de Energía presentó los resultados de la primera etapa del estudio de cuencas del país, realizado en conjunto con la Universidad Católica de Chile y el consorcio Teco Group. Este trabajo fue encargado por la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, liderada por Nicola Borregaard.  
El Ministro de Energía, Máximo Pacheco, destacó el carácter inédito de este trabajo y también el modelo empleado en la definición del potencial hidroeléctrico de la zona centro-sur del país, que incluyó no sólo aspectos técnicos y económicos, sino también elementos sociales, culturales, ambientales, turísticos, agrícolas, forestales, entre otros.
“Por primera vez, el Estado de Chile reúne y unifica toda esta información. Este proceso nos está permitiendo mirar de manera global el territorio, comprender sus dinámicas y particularidades, distinguir y reconocer a sus actores, lo que naturalmente entrega una base firme y consolidada para que se puedan desarrollar los proyectos de inversión dentro del marco de una mejor planificación territorial”, explicó Pacheco.
En esta primera etapa del estudio de cuencas, se identificó un potencial hidroeléctrico de 11.000 MW entre los ríos Maipo y Yelcho, es decir, sin contar a la Región de Aysén. Además, se estableció que en el 10% del territorio de las cuencas analizadas se encuentra aproximadamente el 60% de este potencial. De las 12 cuencas analizadas, 7 de ellas (Bueno, Valdivia, Puelo, Toltén, Maule, Yelcho y Bío Bío) suman un potencial de 8.200 MW. Por lo mismo, la segunda etapa de este estudio se enfocará exclusivamente en ellas. 
“Gracias a este trabajo, ya tenemos más claro dónde focalizar los esfuerzos desde el punto de vista de los elementos que la sociedad valora y también la ubicación del potencial hidroeléctrico, pensando siempre en promover un diálogo franco y abierto con las comunidades. Ahora tenemos todas las cartas sobre la mesa y una vez que concluya la última etapa de este estudio queremos contribuir a poner término a la asimetría de información que hoy vemos entre los titulares de proyectos y las comunidades”, agregó Pacheco.  
La Región de Aysén también fue incluida en este análisis de forma independiente, registrando un potencial hidroeléctrico de 5.000 MW. En este caso particular, también se levantó la información con los elementos que las comunidades locales valoran. El Ministro Pacheco explicó que se profundizará en el estudio de esta zona bajo el alero del proceso de elaboración de la Política Regional Energética de Aysén. 
A fines de mayo, el Ministerio de Energía lanzará la licitación para continuar con la segunda fase de este trabajo, que terminará el segundo trimestre de 2016. Se invertirán $ 1.000 millones con el fin de completar y complementar la información sobre los elementos de valoración social en las siete cuencas seleccionadas. 
“Cuando completemos la segunda etapa, podremos contar, como país, con una plataforma de información que será fundamental para la gestión territorial del sector hidroeléctrico. Hace 30 años, la matriz de generación eléctrica era 80% renovable, con un protagonismo claro de la hidroelectricidad. Tomando en cuenta todas las dinámicas sociales en torno a la hidroelectricidad, queremos que esta fuente recupere su protagonismo, porque es sustentable y además nos va a ayudar a bajar las cuentas de la luz. Chile no puede seguir pagando la cuenta de la luz más cara de América Latina”, enfatizó Pacheco. 
El Ministro Pacheco agregó que “para poner término a las alzas en las cuentas de la luz, necesitaremos más centrales de generación eléctrica, especialmente renovables, donde destaca la electricidad generada con el agua de los ríos”.
El estudio completo está aquí.

lunes, 13 de abril de 2015

SOCIEDAD EN MOVIMIENTO

En el último tiempo, nuestro país se ha visto afectado por una serie de catástrofes naturales transformándose el calentamiento global, o cambio climático, en una realidad ineludible.
Después del terremoto 8.8 Richter y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, con epicentro frente a la costa de Cobquecura en la octava región del Biobio, se suceden otro terremoto en el norte en abril de 2014; el mega incendio de Valparaíso hace un año y otro reciente en marzo de este año, que nos obliga a repensar poblados y formas de construir el desarrollo que todos quisiéramos como sociedad.
En ese sentido, analizar los incendios forestales que han azotado nuestra zona centro sur, sus causas, orígenes y consecuencias de un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales e intervención de ecosistemas, es fundamental. Cientos y miles de hectáreas, no solo de monocultivos o plantaciones de empresas forestales de pinos y eucaliptos; también bosque nativo en las reservas nativas China Muerta y Conguillío en la Araucanía. Como corolario, el desastre que están viviendo miles de compatriotas por aluviones en ciudades nortinas desde el 25 de marzo pasado. Muchas personas murieron y desaparecieron de manera brutal cambiando sus vidas por un frente de tormentas fuera de todo pronóstico. Hoy claman por atención y ayuda para salir del lodo contaminado en un esfuerzo titánico e inimaginable. 
Junto con poner en ridículo sistemas de modernización de organismos estatales de emergencia, preocupan las condiciones de lugares donde existe riesgo por rebalse o colapso de tranques (activos e inactivos) de relave de minería. Lugares donde acumulan sus desechos y que pudieran haber sido diseminados producto de la gigantesca, e inusual, lluvia ocurrida. Es una obligación moral, pero, tristemente la realidad es que es difícil que se hagan cargo si es inexistente una contraparte que lo haga notar. No obstante, no hay que dejar de mencionarlo para que no se olvide.
Poco a poco, se observa en proceso un movimiento de organización social que, sumado a un hastío generalizado frente a una política desleal y elitista, exige espacios proponiendo (en serio) cambios profundos que obliguen a incorporar a la comunidad en los procesos. Esto debe asumirse desde la base por lo que implica un compromiso total de todos los actores para lograrlo. Buscar mecanismos de participación proporcional fuera de partidos también se hace necesario y es un gran desafío para recuperar confianzas de una clase política que acusa el golpe de manera transversal. La participación de la ciudadanía se convierte en una llave para poder debatir, francamente, respecto del sistema económico actual, su impacto social y ambiental.
La refundación de nuestra democracia es más necesaria que nunca. La actualización de nuestra Constitución es urgente para dar legitimidad a nuestra Republica. Basta de leyes obsoletas fundadas al amparo de la dictadura como el código minero; de aguas; pesca o el famoso forestal. Este último, el 701, lo quieren prorrogar por veinte años más sin considerar factores e indicadores ambientales actuales como el calentamiento global o cambio climático; la grave escasez hidrica que golpea la zona norte y centro sur del país; la contaminación de aguas; la erosión de suelos; incendios, etc. 
La falta de atracción hacia la forma de hacer política, hoy en día, demuestra la urgencia de que los "representados", en su cansancio y hastío frente a procesos excluyentes de los "representantes" extasiados de poder, decidan responsablemente, "representarse" de manera personal o colectiva, para que su voz o voto pueda incidir, ser un aporte en una adecuada fiscalización o consulta ciudadana y establecer vínculos que permitan recoger ideas u opiniones de una comunidad empoderada con la voluntad de incidir en el mejoramiento de su entorno social y en su calidad de vida.
Para los políticos, hoy en día, recuperar la confianza termina siendo el gran objetivo o anhelo, se espera. Y la ciudadanía tiene el mejor escenario para poder aportar, ser protagonista exigiendo espacio y respeto en la toma de decisiones.
Como ciudadanos debemos exigir cumplimiento de derechos y deberes para enfrentar procesos de cambio profundos, potenciando y fortaleciendo dicha participación activa (o proactiva). Es importante que el nicho ganado por la ciudadanía organizada siga creciendo, evolucionando, proponiendo y perfeccionando una sociedad en libertad de forma pacifica donde prime, por sobre todo, el debate de ideas y bienestar mayor de nuestra sociedad. Una ciudadanía informada, de ideas innovadoras que se consolide e incida en el desarrollo económico local, que se abra paso en procesos de desarrollo y participe del ordenamiento de su propio territorio identificando al poder, o autoridad, como un vínculo dinámico positivo para construir con orgullo la propia historia con voluntad y alegría.
DESASTRE POLÍTICO 
Precisamente, la responsabilidad de los políticos en este proceso de disociación entre electores y elegidos pone en evidencia la escasa intención de querer compartir procesos de evolución social de forma equitativa. El poder político se ha perpetuado en una cúpula que termina, inevitablemente, corrompiéndose por la parásita dependencia a los réditos y beneficios políticos ligados a oligopolios en un juego que trabaja de manera perfecta desde los albores de nuestra democracia reciente a la medida de algunos.
Debe haber una instancia, en procesos judiciales o políticos, donde sea la ciudadanía la que represente vía un jurado imparcial, o a través de mecanismos de consulta por votación abierta o plebiscitaria, que reflejen el sentir en temas de interés publico primando la voz de la mayoría; incentivando el llamado a ejercer el poder del voto y opinión respecto de temas de importancia nacional, cuando no exista acuerdo parlamentario o, francamente, la dilación demuestre inmovilidad, inoperancia o corrupción. 
En mi opinión, abstraerse de votar perpetúa el modelo, mantiene status-quo y se eligen, de igual manera, autoridades sin la legitimidad deseada cuando existe baja votación, pero igual es legal (paradojas del sistema). No olvidemos que nuestra hipocresía nos hace olvidar que somos nosotros los que elegimos a nuestra clase política y, nos guste o no (votemos o no!), eso es una realidad y debemos asumir todos la responsabilidad que nos corresponda. Por acción, u omisión, somos actores pasivos que, al no votar, no hacemos nada por incidir o intentar cambiar un modelo o sistema que se critica. Si no participamos nuestra opinión se debilita, nuestra voz se silencia y nuestras ideas se esfuman. Nos invisibilizamos, nos abstraemos y deja, obviamente, de importarnos.

Rodrigo de la O
Director
Vigilante Costero ONG
@rodrigodelao@vigilantecosta
vigilantecostero@gmail.com

lunes, 6 de abril de 2015

La privatización de las aguas en Chile viola los derechos humanos

Por @rmunda
El agua es un elemento vital. Puede sonar a lugar común, pero nadie discute la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad. ¿Es el acceso a ella un derecho fundamental de la población? Para el autor de esta columna, sí, pero el Estado no lo garantiza. La mayor parte de los derechos de aguas en Chile está en manos de privados de forma gratuita y a perpetuidad. El Código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución consagra al agua como un bien privado. Según el columnista, “un atentado contra la vida de las personas”.
A esta altura resulta ser un lugar común sostener que el agua es esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y el desarrollo y bienestar de las comunidades. Por lo mismo, es de sentido común entender y declarar que el acceso al agua es y debe ser considerado un derecho humano, que forma parte de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida digno y adecuado, ya que es una de las condiciones necesarias para asegurar la pervivencia de la sociedad.
América Latina está viviendo un proceso creciente de toma de conciencia en torno al derecho esencial de acceder al agua. Movilizaciones masivas como las que se han desarrollado en Argentina o en Perú, indican que los pueblos están tomando la decisión de ejercer soberanía sobre sus recursos hídricos.
La lucha por la promoción y defensa de los Derechos Humanos ha estado asociada a la condición singular de cada ser, a su dignidad. De esta condición se deriva un número importante de libertades y derechos, los que tienen por misión salvaguardar la esencia de cada persona, estableciendo límites, obligaciones y deberes al Estado, así como también a los demás sujetos que conviven dentro de una comunidad.
Los derechos humanos son el resultado de la lucha incansable de la humanidad por alcanzar condiciones de vida adecuadas. El respeto por ellos trasciende los sistemas políticos y jurídicos. En rigor, es un asunto de ética y de decencia. Y el agua, por ser esencial para los seres humanos, se encuentra íntimamente relacionada en cuanto a su acceso, suministro y potabilidad, al desarrollo de la vida en condiciones dignas.
La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o económica, son factores que atentan directamente contra la vida de las personas y las poblaciones. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad.
El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. Su negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente atenta contra los seres humanos.
A propósito de todo lo anterior, el agua no puede ser considerada un simple compuesto ni como un elemento importante en la elaboración de estrategias. Tampoco puede ser considerada como un recurso natural renovable, un bien comercial, una mercancía o un bien económico.
En Chile, el Código de Aguas que se formuló durante la dictadura en 1981 –y que sigue absolutamente vigente–, considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas.
Ese mismo cuerpo legal creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. La diferencia entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.
Mención especial es lo que sucede con la provisión de agua potable a la población. En América Latina, y durante la década de los ‘90, gobiernos neoliberales liderados en su momento por Alberto Fujimori en Perú, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia o Carlos Menem en Argentina, iniciaron la privatización de las empresas sanitarias, iniciativa que en Chile tuvo su correlato durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, concertacionista que inició la privatización del agua potable. Actualmente, este proceso se encuentra prácticamente concluido, ya que el gobierno de la Alianza, en menos de dos años, ha terminado de vender la participación fiscal en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Essval, Essbio y Essal.
Las iniciativas privadas mineras, agrícolas, eléctricas, o el afán de lucro de las empresas sanitarias, no se condicen con la necesidad humana de acceder al agua. La Constitución Política de la República de Chile consagra el carácter privado de las aguas, y como tal, el Estado de Chile no salvaguarda el bien común. Por el contrario, deja librado al mercado los enormes conflictos que se viven en las diversas hoyas hidrográficas del país. Un ejemplo de esto es lo que sucede en el patio trasero de la V Región, en la Provincia de Petorca.
La Ligua, Cabildo y Petorca son hoy el reino de Machiavello: en estas comunas se aplica el principio “el fin justifica los medios”; agua a cualquier precio para aumentar la plusvalía de los empresarios agrícolas y mineros, en detrimento del acceso al agua para bebida de la población.
Drenes y pozos sin agua legalmente constituida agotan las napas subterráneas, cerros plantados hasta el infinito con paltos de exportación, cuencas sobreexplotadas, institucionalidad indolente e incapaz, presiones, amenazas, castigos, políticos y empresarios coludidos para usurpar agua; zanahoria y garrote: zanahoria para los que hacen la vista gorda ante el robo de agua y garrote para los que luchan para restituir el imperio de la ley en los ríos de la provincia de Petorca. Garrote también para los que luchan por un derecho humano esencial e imprescindible para las personas: nada más ni nada menos que AGUA.
Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. La vigencia del Código de Aguas es de una inequidad feroz, tan feroz como la defensa que se hace de la propiedad privada sobre el agua. Políticos transformados en apóstoles de la causa privada del agua, autoridades que llaman a cuidar el agua, bombardear nubes o construir carreteras del agua, soslayando el problema de fondo. En Chile se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos de chilenas y chilenos. Los hechos son más elocuentes que mil palabras.

"Guardianes del Agua", aguas limpias. comunidades fuertes...

PROYECTO "GUARDIANES DEL AGUA" - 1 de abril 2015
@vigilantecosta
Recientemente, el 1 de abril, estuvimos con los Guardianes del Agua (GDA), grupo de "Guerreros" de la Escuela Escritora Marcela Paz del sector de Salto de Agua a unos 20 kilómetros al sur de Curanipe en el Maule Sur costa. 
En esta ocasión, abrimos las actividades para el presente año en el emblemático río Chovellen donde iniciamos nuestra aventura con una ceremonia de conexión con nuestros elementos naturales, con nuestras aguas realizada por una querida amiga, vecina de Pelluhue y maestra en muchas artes, Eva Vásquez, marcando el énfasis en la necesidad de conocer nuestra realidad actual y de reconocer a diario la importancia del agua para nuestra propia existencia, como así tambien, deberes y derechos ("el agua debe ser apta para el consumo, buena para nadar y pescar"). Después de una breve y mágica ceremonia, junto a los niños, se procedió a hacer un ejercicio de acción directa de limpieza siendo el punto escogido un sector bajo el puente al costado sur del río Chovellen, donde todos tuvieron una participación notable llena de contagioso entusiasmo. El lugar, precisamente, fue para que ellos puedan sentir los ríos como parte de su infraestructura social, de su propio patrimonio y que, por ende, les importa preservar porque pertenece a todos. También, en esta actividad participaron profesores y asistentes de la Escuela Escritora Marcela Paz de Salto de Agua. La municipalidad de Pelluhue, facilitó la movilización para un seguro traslado de los participantes. Al termino de la actividad se les entregaron algunos materiales al grupo y se les dieron algunas misiones para nuestro próximo encuentro. Agradecemos a todos los que han confluido para llevar adelante este proyecto.
En lo andado, para nosotros siempre ha sido un honor y un privilegio poder interactuar y trabajar con niños proyectos tendientes a desarrollar sus capacidades instintivas e intuitivas. El reflejo espontaneo establece la tendencia y si a eso sumamos nuevos estímulos positivos es altamente probable que las capacidades individuales tiendan a elevarse.
La Educación Ambiental es una manera de crear, desde la más temprana etapa posible de nuestras vidas, herramientas comunes, visiones, vínculos y afectos necesarios para construir nuestra propia historia y su cultura. Desde ahí podemos soñar y pensar en como converger para poder prevenir errores, evaluar estrategias apropiadas de inversión en una lógica de desarrollo integral con una visión clara que involucre y represente a todos sus actores.

Los GDA establecen una propuesta en donde los protagonistas son ellos, los más pequeños y, paradójicamente, nosotros aprendemos de su franqueza, de su pureza y es ahí, desde ese lugar, donde subyace plena la esperanza. Como programa ambiental, nuestra organización se esfuerza en encontrar las maneras, formas o mecanismos para instruir e incidir propositivamente.
Seguiremos expandiendo el trabajo de los GDA junto a otros establecimientos educacionales de nuestra zona de acción para que cada vez existan más protectores y guardianes de nuestras aguas.

jueves, 2 de abril de 2015

La necesidad de gobernar los desastres

EZIO COSTA, Director Ejecutivo FIMA
Fuente: El Ciudadano
A medida que sabemos cuáles son las más probables consecuencias del cambio climático en nuestro país, es imprescindible que las comunidades, las empresas, los municipios, los gobiernos regionales y la Administración central del Estado tomen acciones en consecuencia de ese conocimiento.
Las últimas dos semanas han sido ejemplificadoras de los riesgos que el cambio climático supone, así como de la necesidad de adaptarnos a ellos. Esto, porque la mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos es una de las consecuencias que la acumulación de gases con efecto invernadero tiene sobre el clima. Así lo reconoce por ejemplo el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés), alertando de un efecto que se ha hecho sentir fuertemente en los últimos años y que ha tenido en este último mes su arremetida en nuestro país, con los consiguientes desastres humanos, sociales, institucionales y ambientales.
El curso de la humanidad, la indolencia y la escasa voluntad pública por revertir la situación climática global nos lleva a una terrible realidad: tenemos que adaptarnos. Las inundaciones y aludes que antes ocurrían cada 30 o 60 años ocurrirán ahora cada 10 o 20 y quizás más. Las sequías que antes duraban 2 o 3 años, ahora quizás duren 5 o 10 y en algunas partes ya incluso hablar de sequía sea minimizar el problema, porque todo indica que no volverá a llover en los niveles anteriores en ningún futuro cercano. Incluso la Dirección Meteorológica de Chile emitió recientemente los resultados de su estudio sobre el clima de Chile, concluyendo que en escenarios optimistas, disminuirán a menos de un 50% de los niveles históricos de lluvias en La Serena, Santiago, Temuco y Concepción, por nombrar algunos ejemplos. Lo que llamamos sequía parece quedar descartada como un fenómeno extremo, pasando a ser más bien estructural. Lo que era pasajero se estaciona. La línea se mueve y es necesario que nos movamos con ella. Sin embargo, ni la población ni las instituciones están suficientemente preparadas para este cambio.
En una columna anterior y a propósito de los incendios en Valparaíso en 2014, me referí a lo que califiqué de “Anarquía de los riesgos”, que es exactamente lo mismo que vemos ahora a propósito de las gravísimas inundaciones en el norte, la sequía generalizada y los incendios forestales en el sur: la falta de capacidad de respuesta del Estado frente a estas catástrofes. Entre las causas de esta anarquía se encuentran: la falta de anticipación (permitiendo a las personas situarse en zonas riesgosas en el norte, por ejemplo); la ausencia de capacidad institucional (carencia de instituciones con mandatos claros respecto al manejo de ciertos riesgos); la inexistencia de procedimientos para evaluar preventivamente los riesgos (en los planes reguladores, en los permisos de funcionamiento, en las evaluaciones ambientales) y actuar en consecuencia; y la falta de capacidad material (insuficientes aviones y helicópteros para combatir el incendio en Panguipulli, por ejemplo).
Lo que señalo va más allá de las descoordinaciones anecdóticas (aunque inaceptables) entre distintos organismos, es una cuestión generalizada que pasa por la no consideración de esta variable de adaptación. Por eso es necesario un esfuerzo, el cual debe partir desde la Administración del Estado, pero no puede estar circunscrito a ella. A medida que sabemos cuáles son las más probables consecuencias del cambio climático en nuestro país, es imprescindible que las comunidades, las empresas, los municipios, los gobiernos regionales y la Administración central del Estado tomen acciones en consecuencia de ese conocimiento; lo cual por supuesto requiere de una etapa de socialización de esa información y de entregarle a las distintas instancias las posibilidades materiales para actuar en relación con los riesgos a los que están expuestos.
Entre las consecuencias del cambio climático necesariamente tiene que estar una modificación en la manera en que nos comportamos respecto de los riesgos, especialmente aquellos que están vinculados a los eventos meteorológicos extremos y que han sido escasamente abordados por las políticas públicas y la regulación nacional. El gobierno de los riesgos requiere de la implementación de procedimientos adecuados tanto en su etapa de detección y valoración, como en la de acción y en el caso del cambio climático eso pasa necesariamente por dar un mandato claro a los organismos públicos en el sentido de tener que considerar esta variable en su toma de decisiones. Ese mandato debe venir contenido en una ley.
EZIO COSTA
Director Ejecutivo
Corporación Fiscalía del Medio Ambiente

miércoles, 1 de abril de 2015

EL NEGOCIO FORESTAL ATENTA CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN

Fuente: Resumen
Conforme los monocultivos forestales de pino y eucalipto se han ido expandiendo en la zona centro-sur de Chile durante las últimas décadas, su población ha debido soportar una amplia serie de impactos sociales y ambientales. Cada verano, grandes incendios forestales arrasan con miles de hectáreas, destruyendo casas, siembras, bosque nativo y especialmente las propias plantaciones forestales que les dieron origen. Estos incendios de grandes magnitudes se vuelven cada vez más frecuentes debido a la escasez hídrica que han causado los propios monocultivos en los territorios donde se emplazan. Este escenario propicio para la propagación de grandes incendios contrasta radicalmente con el paisaje que antaño caracterizaba a la Cordillera de la Costa de la zona centro-sur. Con los bosques nativos en un alto grado de fragmentación por la acción de los ciclos de monocultivo triguero y forestal, las condiciones de disponibilidad de agua y conservación de suelo han sido deterioradas gravemente, poniendo en riesgo a la población que habita los territorios.
La escasez hídrica y la responsabilidad de la industria forestal
Por una parte, la degradación del suelo provocada por las periódicas talas rasas, la contaminación de ríos y zonas costeras a causa de la industria de celulosa y sus emisiones de gases invernadero, contribuyen a potenciar el cambio climático. Junto a esto, la fuerte demanda de agua y nutrientes que ejercen las 2,5 millones de hectáreas de monocultivos forestales, propician la escasez hídrica en casi la totalidad de las comunas de la Cordillera de la Costa y del secano costero del centro-sur del país.
A mediados de Enero de 2015, varios focos de incendios afectaron más de 12.000 hectáreas de monocultivos forestales, matorrales y pastizales en las comunas de Constitución, San Javier y Cauquenes en la región del Maule, dejando casas destruidas, animales muertos y familias damnificadas. Bomberos, brigadistas e incluso algunas autoridades señalaban que la sequía era uno de los principales factores que agravaba la condición de los incendios ya que no había vertientes para aprovisionarse de agua y esta sólo se podía obtener mediante aeronaves.
El contexto de escasez hídrica que impera en la zona es reconocido por toda la población. Los camiones aljibe deben abastecerla continuamente durante toda la temporada estival, e incluso durante algunos meses de otoño y primavera. Sin embargo, esta condición climática es reciente, anteriormente esa zona estaba cubierta por extensos bosques nativos. Y aunque una parte de estos fueron destruidos durante el ciclo del monocultivo de trigo, en cerros y quebradas permanecieron amplias áreas boscosas relativamente bien conservadas hasta mediados del siglo XX. Se calcula que entre el río Maule y el Itata, durante los últimos 40 años se perdió un 67% de la superficie original boscosa. En esa zona de la Cordillera de la Costa, durante los años 1975 y 2000, se ha reportado la pérdida de 80 mil hectáreas de bosque nativolas que fueron reemplazadas por plantaciones forestales. En la cuenca del río Purapel se ha reportado una declinación en la cubierta forestal nativa desde un 52.3% a un 14.2%. En el mismo periodo, el porcentaje de área cubierta por plantaciones forestales, principalmente Pinus radiata, se incrementó desde 12% a 55%. Junto a esto, se ha reportado un decrecimiento en la tendencia de los caudales de verano en esa zona. Se estima que el decrecimiento en el caudal para la temporada estival alcanza valores de 13.1 mm (entre 1981-1990) a 7.5 mm (entre 1991-2000) para la cuenca del Purapel y desde 7.3 a 5 mm para la cuenca de El Arrayán (Cauquenes) durante el mismo período. Estos patrones son interpretados como una evidencia de transformación en el régimen hidrológico en estas cuencas como consecuencia del cambio de uso de suelo hacia cobertura forestal de rápido crecimiento con pinos y eucaliptos.
Si bien, muchos estudios en diferentes regiones del planeta han documentado que en pequeñas cuencas hidrográficas las plantaciones de rápido crecimiento reducen el potencial hídrico, estas variaciones no han sido medidas de forma sistemática en otras cuencas de la zona centro-sur del país. Aun así, hoy casi toda la población reconoce en sus territorios características ambientales similares a las de las cuencas del río Purapel y El Arrayán. Con el menor rendimiento hídrico, los territorios cubiertos por monocultivos forestales quedan sometidos a un altísimo riesgo de incendios. Durante el seco periodo estival de Diciembre a Marzo, el peligro para la población es constante.
Temporada de incendios 2015
Además del gran incendio en la cuenca del Maule, durante los últimos meses se han registrado incendios forestales en Pichilemu, La Estrella, Curicó, Colbún, Maule, Cauquenes, Quirihue, Florida y Quillón. En la provincia de Concepción, se han registrado incendios forestales en Coliumo (Tomé) Cerro Perales y Centinela en Talcahuano, también en el Cerro Caracol en Concepción, y en las comunas de Santa Juana y Mulchén. Al norte de Coronel se quemaron 500 ha y en Laraquete se quemaron 2.370. En Talcamávida (Hualqui) y Colcura (Lota) el incendio estuvo a pocos metros de las viviendas. En la provincia de Arauco, donde más del 80% de su superficie son monocultivos forestales, se registraron incendios en San José de Colico (Curanilahue) con 1.277 ha, Lebu, Los Álamos y Tirúa. En la Provincia de Bío Bío, dos focos en la zona cordillerana amenazaban la Reserva Natural Ralco. En la región de la Araucanía: Traiguén, Victoria, Galvarino y Lumaco presentaban incendios forestales. A finales de febrero de 2015 según CONAF habían sido afectadas 63.031 hectáreas en todo el país. Una cifra menor comparada con las 94.796 de la temporada anterior.
Contaminación atmosférica
Las emisiones de material particulado y gases como monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno desde incendios forestales juegan un papel importante en la química y la transmisión de radiación en la atmósfera. Debido al viento, que transporta aerosoles y cenizas a gran distancia, las emisiones de incendios forestales afectan no sólo a los alrededores de la zona, sino también influencian la atmósfera de la región, y en el caso de los grandes incendios de bosques de coníferas en Norteamérica y Asia o de Eucaliptus en Australia, presentan influencia a escala continental y hemisférica. Estos aerosoles pueden subir hasta la tropósfera superior y la baja estratósfera contribuyendo a reducir las gotas por nube, alterando la formación de nubes de precipitaciones y favoreciendo las condiciones de sequía. Si bien, en Chile las superficies involucradas en los incendios son mucho menores, las consecuencias locales de esta contaminación han sido escasamente consideradas y no han sido registradas. Cada verano, nubes de ceniza se dispersan a través de cientos de kilómetros en la atmósfera y sólo llaman la atención de la población cuando caen sobre las grandes ciudades. A mediados de Febrero, Concepción fue engullida por una gigantesca nube de humo que descendía por el Biobio desde los incendios de Mulchén y Santa Juana. San Pedro de la Paz, Hualpén y Talcahuano recibieron el humo constante de los incendios en la provincia de Arauco que traía el fuerte viento del sur. En Tirúa, el viento transformaba la columna ascendente de los incendios en una nube negra horizontal que bordeaba la costa hacia el norte y se adentraba en el océano frente a Lebu.
La responsabilidad en el origen del fuego
La mayor parte de los incendios forestales son intencionales. Hasta ahora, la gran mayoría de los focos tienen como responsables a campesinos descuidados, bomberos pirómanos, excursionistas torpes o turistas irresponsables. En general, desde el Estado y los medios de comunicación se busca ante todo, criminalizar y buscar culpables. Su discurso exime a las empresas forestales de toda responsabilidad, omitiendo las características ambientales de los monocultivos y señalando recurrentemente al movimiento mapuche como causante de los incendios. Todo debido a que durante los últimos años, desde este movimiento se han reivindicado quemas de monocultivo forestal en los territorios que legítimamente han recuperado. Estas reivindicaciones siempre se han ajustado a los terrenos en disputa directa y jamás a otros territorios alejados de sus comunidades, por lo que cuando se les intenta culpar de incendios en pueblos de tradición carbonera o incluso al norte del Biobio, queda claro que esta acusación carece de sentido. En Enero de 2012, en medio de un gran incendio en un predio de Forestal Mininco en la comuna de Carahue, el ministro del interior de la época, Rodrigo Hinzpeter, acusó sin ninguna prueba a la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) como la responsable. Si bien, la acusación no prosperó por falta de pruebas, sirvió para develar la frecuente complicidad del Estado con las empresas forestales y contratistas. En ese mismo incendio, el 5 de Enero de 2012, murieron calcinados 7 jóvenes brigadistas subcontratados por Mininco, los cuales fueron enviados a combatir las llamas sin la preparación necesaria.
Por otra parte, la labor de los brigadistas ha sido precarizada durante décadas. Esta fuente de trabajo se abre todos los veranos en los pueblos donde el monocultivo forestal impide otras formas de subsistencia. Un jefe de cuadrilla que opera en la zona relató a Resumen cómo ha subido el ánimo entre los brigadistas debido a los mayores ingresos que perciben durante la temporada, y asimismo, se refirió con un tono de decepción al hecho de que pronto se acabará el calor y las condiciones idóneas para los incendios.
Las empresas forestales por su parte, continúan ganando en todo este escenario. Durante 2014, cuya temporada de incendios arrasó con más de 18.000 hectáreas sólo en la región del Biobio, las utilidades de la industria sobrepasaron por primera vez la barrera de los US$6 mil millones, consolidándose como la actividad económica más importante en la zona pese a la gran superficie arrasada por los incendios. Con todas las plantaciones de las empresas más importantes aseguradas contra el fuego, la población local tiene serias dudas acerca de la verdadera responsabilidad de la propia industria en los incendios. Todo pareciera indicar que la industria forestal se ha acomodado muy bien con esta “ecología del fuego” propia de bosques de coníferas y tan ajena a nuestros bosques nativos. Una dinámica que le ha sido sumamente útil para hostigar y culpar a comunidades enemigas y para incorporar mano de obra adicional a su sistema productivo. ¿Y la seguridad de la población? Nada para ella.
Los incendios forestales son una consecuencia de la acelerada expansión del modelo forestal chileno
El manejo orientado a la productividad por sobre cualquier otro parámetro potencia la masividad de las plantaciones. Esta forma de manejo impide que las plantaciones entreguen servicios ecosistémicos vitales a la población como la conservación del suelo y la disponibilidad de agua. Esta masividad estructural y necesaria para el modelo forestal exportador ha dado como resultado el incremento de la capacidad de combustible disponible, lo que incide en que los incendios puedan crecer hasta alcanzar grandes magnitudes, siendo muy difíciles de detener. Esto puede generar los denominados “fuegos de copas” que avanzan a gran velocidad y alcanzan altas temperaturas, destruyendo toda flora y fauna a su paso. Estos incendios atraviesan ríos y carreteras, mientras conejos y roedores huyen con sus cuerpos quemándose, contribuyendo a la propagación de las llamas. Un importante factor sanitario a considerar son las migraciones de ratones de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus) durante incendios forestales. Estos roedores pueden dispersar el virus Hanta hacia zonas pobladas, como ocurrió en Marzo de 2012 en los alrededores de Concepción con el brote en la cárcel “El Manzano”. Si bien durante esta temporada no se reportó una alta cantidad de casos, el peligro se mantiene latente.
Además de acentuar la escasez hídrica que impera en los territorios, el riesgo de incendio se potencia por las condiciones de los árboles utilizados. El uso de especies resinosas como el pino, que presentan altas cantidades de trementina y otros compuestos inflamables, favorece la ignición a altas temperaturas. Asimismo, el uso de especies del género Eucaliptus incide en la propagación de incendios explosivos pues este árbol posee compuestos alcaloides en sus hojas, además de desprender de forma periódica grandes trozos de corteza, los que se acumulan como material combustible.
Por otra parte, los cortafuegos utilizados por la industria forestal en Chile han demostrado ser totalmente inefectivos para contener los incendios ya que en función de la productividad, estos no son más anchos que lo suficiente para el tránsito de camiones que realizan las faenas. En Enero de 2012, el gran incendio de Quillón destruyó también la sección Paneles de la planta Nueva Aldea de Celulosa Arauco, dejando en claro que ni ellos mismos pueden mantener seguras sus propias instalaciones.
De esta manera, un monocultivo de especies resinosas, con todos los árboles de la misma edad y misma altura, se conforma como un escenario propicio para la generación de grandes incendios, y contrasta a su vez, con el paisaje que caracterizaba a los destruidos bosques nativos de antaño, cuyo rol en la conservación del suelo y la humedad disminuía en gran medida el peligro de incendios forestales.
Única solución: recuperación del territorio y restauración del bosque nativo
Si de cortafuegos efectivos se hablase, debería plantarse en todas las zonas periurbanas adyacentes a monocultivos forestales, un cinturón de aislamiento de bosque nativo que asegure también el aprovisionamiento de agua de calidad y de suelo para sustentar las especies que están en peligro de desaparecer. Esta iniciativa jamás podrá emanar desde el Estado o la industria forestal, es la propia población la que debe hacerse cargo.
Mientras una significativa proporción de la zona centro-sur de Chile siga ocupada con monocultivos forestales de rápido crecimiento, la escasez hídrica y las condiciones propicias para este tipo de incendios continuarán. Los cambios climáticos provocados por la actividad industrial continuarán modificando de forma drástica los ecosistemas en todo el mundo. El Desierto de Atacama continuará su avance hacia el sur y los monocultivos forestales presionarán con fuerza la disponibilidad hídrica de los territorios. En este escenario, la población de la zona centro-sur se encuentra en serio riesgo con respecto a su habitabilidad.
Para la clase empresarial y para una significativa proporción de la población chilena que imita su gestión capitalista en el territorio, los impactos del modelo forestal no parecen tan terribles. Que nuestros territorios sustenten árboles de California y Australia como monocultivos altamente consumidores de recursos, representa un factor meramente anecdótico dentro de la cada vez mayor modificación global de ecosistemas que ha desplazado a la naturaleza en muchas regiones del planeta. La necesidad de la recuperación de nuestros territorios y de una restauración que permita mejorar las condiciones de vida de la población y de las demás especies desplazadas por el monocultivo forestal, emergen como tareas urgentes e indispensables para nuestra sobrevivencia.
Fuente/resumen/2015/03/20