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lunes, 17 de abril de 2017

Sara Larraín: “Este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”

Sara Larraín - Congreso Nacional
  • Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo  difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes  avances logrados en la Cámara de Diputados.
  • “La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.

Como una nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedaddefinieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados.  Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.
Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado
Los cambios
Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan  con esta.
Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales  el uso doméstico de subsistencia. También  retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen  de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.
Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento.  Tambien debilita  la regulacion referida a las  mineras,  eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo.  Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo  prestaba servicios a una compañía minera.
Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial  pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen.  Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de  caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW).  Insólitamente la autoridad  entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap  que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a  grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden  poner en peligro las fuentes de agua.
Finalmente la administración de Bachelet también propone  eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.
La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración indicó Larraín.

domingo, 9 de abril de 2017

SOLIDARIDAD CON EL DIRIGENTE SOCIAL RODRIGO MUNDACA (MODATIMA)

Declaración Pública
Organizaciones exigen a las autoridades nacionales y locales tomar ‘todas las medidas y resguardos necesarios para velar por la seguridad y la vida de Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches’.
Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben esta declaración manifiestan su preocupación por la situación que afecta a miles de personas, en nuestro país, que tienen limitado acceso al agua potable y saneamiento, vulnerando así su dignidad y sus derechos esenciales. Esta situación ha sido denunciada en diferentes espacios por organizaciones locales y líderes nacionales.
En estos días, nuestra preocupación se acrecienta, pues pareciera que hemos llegado a un momento en que debemos declararnos en alerta, debido a que nuestro compañero Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), ha sido violentado gravemente. Si bien, ésta no es la primera vez que esto ocurre, nos parece que estamos frente a una escalada de amenazas que nos parece urgente y necesario sacar a la luz pública.
En días recientes, Rodrigo Mundaca fue amenazado de muerte por vía telefónica, al igual que otros miembros de MODATIMA. Asimismo, resultaron destruidas, por desconocidos, las instalaciones del sistema de agua potable rural (APR) que lidera la también dirigenta de MODATIMA, Verónica Vilches, quien también fue amenazada. Ambos participaron en el reportaje investigativo que hizo el medio danés “Danwatch”, donde se denunció la privatización de los derechos de agua y la usurpación ilegal de agua de parte de empresarios agrícolas de la zona, lo que ha contribuido a secar las napas subterráneas en Petorca.
Las organizaciones que suscribimos esta declaración rechazamos cualquier tipo de violencia, amedrentamiento o amenaza hacia dirigentes y luchadores socioambientales que han dedicado su vida a la defensa de sus comunidades y sus derechos humanos básicos, como lo es el acceso al agua potable y saneamiento. Rodrigo Mundaca registra una extensa trayectoria social y ambiental en la defensa del derecho y recuperación del agua en Chile, esencialmente en territorios azotados por la escasez hídrica y en la que sus comunidades son abastecidas hace años por camiones aljibes, como es el caso de la Provincia de Petorca, en la V Región de Valparaíso.
La persecución a líderes sociales y ambientales en nuestro continente es una realidad, lamentablemente palpable en casos funestos que han llegado a concretarse en crímenes e impunidad. Por ello, los aquí firmantes ponemos una voz de alerta, pues nos parece inaceptable este tipo de hechos en contra de comunidades que luchan por la defensa del medio ambiente y la dignidad humana. Y en consecuencia, exigimos a las autoridades nacionales y locales, a tomar todas las medidas y resguardos necesarios para velar por la seguridad y la vida de Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches, así como de todos aquellos dirigentes sociales y ambientales, que bregan día a día, en defensa de los derechos humanos, el acceso agua y una vida digna para sus comunidades.
Rechazamos todo tipo de violencia y criminalización hacia los defensores ambientales. A su vez, compelimos, en nuestra calidad de ciudadanos, a que el Estado chileno garantice el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento de todas aquellas personas que hoy se ven privadas de tal vital elemento, dando cumplimiento así a las obligaciones internacionales que tiene nuestro país en la materia.

Adhieren a esta declaración:
Agrupación Aisén Reserva de Vida
Agrupación Defensores de los Ríos
Agrupación Mañíos y Baguales
Agrupación Wentru
Amnistía Chile
Asociación Chilena de ONG (ACCIÓN)
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
Centro Ecuménico Diego de Medellín
Chile Sustentable
Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida
Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
CODEFF
Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén
Ecosistemas
Ética en los Bosques
Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)
Frente Ecosocial de Revolución Democrática
Fundación Decide
Fundación Newenko
Fundación Terram
Geute Conservación Sur
Greenpeace Chile
Justicia, Paz y Cuidado de la Creación
Marcha Mundial de las Mujeres Chile
Mujeres de Zonas de Sacrificio
Observatorio Ciudadano
Vigilante Costero Maule Itata - Waterkeeper Chile

jueves, 6 de abril de 2017

Colegio de Periodistas cuestiona al TC por impedir aplicación de artículo clave de la Ley de Transparencia

prensacolegioperiodistas@gmail.com
Organismo revirtió así la posibilidad de informar sobre uso de antibióticos en la industria salmonera:
Para la orden profesional, acá se está privilegiando el supuesto derecho de un sector económico a mantener en secreto información que sí es de interés público, en oposición a otros preceptos constitucionales vinculados con la salud de las personas y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.
El Colegio de Periodistas de Chile alerta sobre las graves implicancias que tiene para el acceso a información pública y el legítimo control ciudadano de las acciones del Estado, un fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 23 de marzo, que declara inaplicable el artículo 5º, inciso segundo, de la Ley de Transparencia. Esto en el contexto de una solicitud de publicidad de la información desagregada por empresas salmoneras y centros de cultivo sobre la cantidad y clase de antibióticos usados en 2014.
El mencionado artículo establece que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Este precepto fue el aludido por la ONG Oceana para contar con información desagregada por empresas, sobre los antimicrobianos usados en 2014 por la salmonicultura, toda vez que son públicos los antecedentes sobre agrupación de concesiones, pero sin individualización al detalle.
De esta forma los antecedentes, que obran en poder del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), deberán permanecer en secreto debido a un recurso que presentara ante el TC Salmón Chile, junto a varias empresas del sector, impugnando lo resuelto por el Consejo para la Transparencia y, además, la Corte de Apelaciones de Santiago.
El Colegio de Periodistas, que integra el Consejo de la Sociedad Civil del Consejo para la Transparencia, estima que, al no ser éste un voto unánime (pues la ministra Marisol Peña Torres estuvo por rechazar el requerimiento de la industria), la discusión resulta ser política y legal, lo que debe alertar a la ciudadanía  acerca de las cortapisas que sectores empresariales -y otros- ponen ante la posibilidad de que la sociedad conozca fundamentales aspectos vinculados con la salud pública”.
Creemos que en este tema se privilegia a un sector económico para permitirle que pueda mantener en secreto información que sí es de interés público, en oposición a otros preceptos constitucionales vinculados con la salud de las personas y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación señalaron desde la organización.
La decisión es un grave precedente para el acceso a la información pública acerca de lo que ocurre en el país, además de ir en contra de la transparencia de las acciones del Estado y el interés público, asociado al legítimo derecho de control que asiste a la ciudadanía en todos aquellos temas que le afectan, concluyeron.