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martes, 10 de enero de 2012

La caída del imperio forestal

Fuente: ElClarin
Al modelo forestal lo trajeron como un ejemplo de desarrollo y en el presente se está cayendo a pedazos y hagan lo que hagan por resucitarlo no se va a poder. Sirex noctilio o Avispa taladradora está extendida desde la Región del Maule hasta la región de los Lagos y ha puesto en alerta al mercado internacional.
A su vez, las empresas no califican para sellos internacionales que avalen su producción, se comienza a limitar la expansión, vienen coletazos por las  consecuencias de los incendios y la credibilidad lentamente se desmorona.
Toda ciencia en recursos naturales y biología determina que la introducción de especies exóticas a ecosistema distinto traen siempre peligros y amenazas. Al modelo forestal y sus especies exóticas de pino y eucaliptos de rápido crecimiento, lo trajeron como un ejemplo de desarrollo y en el presente se está cayendo a pedazos y hagan lo que hagan por resucitarlo desde el estado chileno no se va a poder.
En primer lugar la plaga de Sirex noctilio o Avispa taladradora está extendida desde la Región del Maule hasta la región de los Lagos y que ha puesto en jaque a las empresas forestales chilenas. Dicho insecto va provocando la muerte de los pinos que ataca, debido a que las hembras colocan sus huevos dentro del tronco de los pinos, junto con una sustancia tóxica producida por ellas, que mata los árboles. Este devastador escenario coincide con los recientes focos de incendios forestales y todos los oficios por controlarla han sido infructuosos.
Consecutivamente, el mercado internacional ya está en alerta y ante los riesgos de comprar madera infectada, progresivamente se van cerrando, principalmente en aquellas empresas y países que exigen el cumplimiento de normas y tratados internacionales en materia medio ambiental y de derechos humanos.
También, en ese contexto, considerando los conflictos que tienen las empresas con Comunidades indígenas en Chile, los impactos socio ambientales que se le atribuyen, más la plaga, entre otras, definitivamente las empresas no  califican para la obtención de sellos ambientales con estándares internacionales como Forest Stewardship Council (FSC), lo que lo complica aún más en el mercado internacional, ya que a la fecha, las empresas chilenas solo tienen un sello entregado por el propio estado chileno denominado CERTFORT Chile.
CERTFOR Chile reinaba desde el año 2000 a favor de las principales empresas chilenas Forestales para evadir sus obligaciones en materia ambiental y en Derechos Humanos, poder limpiar su imagen y obtener suculentos negocios Internacionales. Hoy, los Mercados exteriores se van volviendo más exigentes e incorporan diversos indicadores en sus estándares. Las empresas requieren nuevos sellos para avalar su productividad y Comercio como “sustentables” y no califican.
Cabe mencionar que en Chile existen más de 3.000.000 de hectáreas de plantaciones exóticas controladas principalmente por los grupos económicos Matte (CMPC, Mininco, Crecex, Monteaguila, con más de 750.000 hectáreas) y Angelini (Arauco, con más de 1.000.000 de hectáreas), cuyos patrimonios han sido obtenidos principalmente a los beneficios y privilegios desde el estado de Chile, manteniendo proteccionismos para sus intereses de manera política y legislativa, con tráficos de influencias, enriquecimientos ilícitos y una red política y económica corrompida en desmedro de los derechos de una gran mayoría de personas y los Pueblos que coexisten en este País.
Otro punto que pone a la palestra a estas empresas son los actuales focos incendiarios en diversas localidades del centro sur chileno y de manera generalizada, coincidiendo con la expansión de la plaga de Sirex noctilio o Avispa taladradora, lo que también, en caso de no existir colusión, debería poner en alerta a las empresas aseguradoras por siniestro de incendios a favor de las empresas forestales y que deberían indagar así como toda instancia pública decente.
Por otra parte, a pesar de toda la campaña mediática en los incendios para encubrir verdades, también se irá limitando la ofensiva estatal con las empresas de expansión e introducción de especies exóticas forestales, una, porque ya hay mayor conocimiento desde sectores campesinos y de comunidades Mapuche que estas especies exóticas como el pino y el eucaliptos  secan las tierras, succionan las napas subterráneas y generan verdaderos desiertos donde sumado a las altas temperaturas y la resecad de sus estructuras, principalmente de los pinos, las hacen un peligro constante para focos de incendio y ahora con la amenaza de la plaga hace inviable toda iniciativa productiva. Por lo tanto, habrá mayor reticencia y las proyecciones disminuirán considerablemente.
Expandir la industria forestal en el presente, es además dejar sin agua a las poblaciones, en zonas de valle y exponerlas a los peligros de incendio, más aún ha sabiendas que en las zonas cordilleranas se busca intervenir las aguas, ya sea por geotermas, hidroeléctricas (como lo hacen los mismos Matte) o mineras (como lo hace Angelini), que fluyen hacia los territorios de abajo y desembocan en el mar y la suma genera una disminución progresiva que puede ser letal para las mayorías, como ya se había indicado.
El poder del imperio  
MATTE   
Grupo Matte, familia Matte (Eliodoro, Bernardo y Patricia), en el año 2010 tenían una fortuna de US 8.100 millones y hoy, con una fortuna que supera los US$10.400 millones. Sus principales actividades económicas se basan en la expansión de la industria forestal y de la industria de celulosa (papeleras). Algunas de sus empresas son: Empresas CMPC (55,4% de la propiedad): empresa forestal integrada, con producción de madera, celulosa, papel y otros productos industriales y de consumo masivo. Empresas CMPC tiene una capitalización bursátil superior a los US$7.200 millones. Junto CON la celulosa – papelería una de sus principales empresas es Forestal Mininco. En energía está Colbún (49% de la propiedad), que es una de las mayores empresas de generación eléctrica de Chile, con una capacidad instalada de 2.521 MW y una capitalización bursátil de aproximadamente US$2.600 millones. En la Banca Comercial (Banco BICE): Banco comercial corporativo y de personas con activos por aproximadamente US$2.700 millones, que además cuenta con actividades de leasing, factoring, hipotecarias y comercio exterior. También en seguros de vida, securitización, inmobiliario, inversiones. 
ANGELINI   
Angelini, cuyo origen de acumulación de riquezas la forja Anacleto Angelini, ya fallecido, quien en 1990 entró al ranking de los más ricos del mundo de la revista Forbes. En el ranking Forbes del año 2006 fue clasificado en el lugar 181° a nivel mundial y 10° a nivel latinoamericano; en el año 2007 fue clasificado a nivel mundial en el lugar 119º, siendo así el mayor millonario de Chile y de Sudamérica en su momento. Formó una fortuna la que se calcula actualmente mínimamente en 6.000 millones de dólares, sin embargo, no hay claridad exacta de su fortuna ni entre quienes es manejada, la que estaría distribuida entre su viuda y su sobrino Roberto Angelini, quien maneja los negocios.
Actualmente el grupo Angelini es uno de los mayores productores mundiales de harina de pescado, controlando también el rubro de combustibles y forestal. Su mayor activo, Empresas Copec, es hoy una empresa diversificada con una importante participación en el negocio forestal a través de su filial Celulosa Arauco, siendo además la mayor empresa chilena medida por capitalización bursátil. Antar Chile es otra empresa destacada donde el actual Presidente Piñera también fue accionista al igual que en Copec.
Los Impactos que ha venido generando la industria
Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del Bosque nativo y ecosistemas; Suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la perdida de soberanía y seguridad alimentaria; Transgresión de lugares sagrados; Aumento emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal, son parte de sus consecuencias.
Como consecuencia de este modelo, la destructiva industria de Celulosa se viene expandiendo, propiedad de estos mismos grupos económicos como las de Angelini: Nueva Aldea, Celco, Licancel, Constitución, Arauco, Valdivia; O bien, la del Grupo Matte: Laja, Santa Fe, Pacífico-Mininco, que son un ejemplo de estas consecuencias cuyos impactos hace rato han quedado a la vista.
La expansión de la industria en terrenos de campesinos y comunidades 
Considerando que el patrimonio forestal de las grandes compañías está prácticamente agotado en las regiones VII y X Regiones para adquirir grandes paños, la expansión va apuntada a incorporar paralelamente a sectores campesinos y mapuche para que se transformen en forestadores y para este fin se hizo una prórroga del Decreto Ley 701 va en ese sentido como política de estado, bajo la complicidad y sometimiento de los sectores políticos gobernantes.
El Decreto Ley considera en el presente ciertas modificaciones que potencian la entrega de incentivos a esta actividad, contemplando un incentivo del 90% para los pequeños propietarios, en las primeras 15 hectáreas, un 75% para los medianos propietarios y un 50% para los grandes propietarios, según comunicó CONAF.
Esta prórroga ha sido celebrada por diversos sectores políticos de la Alianza por Chile y de la Concertación y se ha considerado como un importante beneficio y oportunidad que, según comentarios de varios legisladores, beneficiará principalmente a pequeños y medianos propietarios rurales.
Cabe mencionar que dicho Decreto (701) se instaló en 1974 durante la Dictadura Militar tendiente a otorgar beneficios con arcas fiscales a los principales grupos económicos del País (Matte y Angelini) para imponer bajo subsidios un oligopolio en la industria Forestal.
La Corma (Corporación de la Madera) ente articulador del sector mega forestal chileno, ha reconocido que sus inversiones dependen de tasas de forestación. Jorge Seroni de ExpoCorma señalaba a la prensa en el 2005 que el fuerte aumento en el valor de la tierra en los últimos 20 años hace muy poco rentable para las empresas forestales la compra de predios para comenzar proyectos de forestación como los que se iniciaron hace más de dos décadas. Asimismo agregó sobre la proyección en las plantas de celulosa, las que se construyen, indicó, cada 150 mil hectáreas de “bosques”.
Esta versión empresarial señaló que “ahora corresponde al Estado generar las estrategias y los instrumentos para que los actuales propietarios de esas tierras pueden entrar al negocio forestal, con un horizonte de 15 a 25 años. Agregó que existen unos 4 millones de hectáreas en la Séptima, el norte de la Octava y la Novena Región de terrenos aptos para ser forestados”.  En el presente, como política de estado se pretenden doblar las más de 3.000 de hectáreas que hay en el presente al año 2025.
Conflicto Forestal con el Pueblo Mapuche 
Cabe mencionar que una de las principales razones del conflicto Forestal y Comunidades Mapuche, es por la tenencia de la Tierra. Una importante parte de los territorios que se reivindica está en poder de las Empresas, ya sea por reclamaciones ancestrales o de denuncias de usurpación contemporánea.
Asimismo, la expansión forestal en el territorio ancestral Mapuche ha sido una afrenta al Derecho Propio, la Cosmovisión y Cultura Mapuche. La arremetida de la industria se ha convertido en un símbolo de neo colonialismo y contaminación social.
Por otra parte, decenas de personas Mapuche han sido o están siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales en el marco de conflictos con empresas Forestales. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos entre las VIII y X regiones. Decenas de ministros especiales y numerosas Fiscalías Militares se han encargado de investigar "hechos de violencia" -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros Mapuche se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y que fueron aplicadas de manera activa y vigente en los últimos gobiernos, como forma de control social a las protestas sociales Mapuche. A esta aplicación, se agrega que numerosas personas mapuche han debido enfrentar el Sistema Procesal Penal, que entró en vigencia desde el año 2000.
En el año 2002 desde el asesinato del joven Mapuche Alex Lemún, asesinado por un oficial de carabineros en un predio que la comunidad reclamaba de la empresa forestal Mininco, se inicio el plan de operación paciencia, coludidamente por sectores públicos y privados quienes arremetieron con diversas estrategias para desmovilizar.
Como efecto de esta represión, zonas rurales Mapuches en Ercilla, Traiguén, Lumaco, Chol Chol, Imperial, Collipulli, Purén, Tirúa, Lebú, Cañete, entre otras, han debido enfrentar numerosos allanamientos y operativos policiales con graves secuelas a la vida social, cultural y sicológica de las familias, hechos que se repiten hasta el día de hoy.
La última, fue el levantamiento mediático del gobierno chileno en el marco de los incendios forestales quienes de manera irresponsable y desprolija emitieron declaraciones públicas desde el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, de su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de las autoridades regionales designadas, quienes afirmaron tener antecedentes de que los incendios forestales que afectan a diferentes territorios mapuche del sur de Chile, tendrían una causal de origen “terrorista” y que de manera paralela han responsabilizado a organizaciones Mapuche, junto con anunciar la aplicación de la Ley antiterrorista solo en la región de la Araucanía cuando los mayores focos incendiarios han sido en la Región del Bio Bio.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Avalancha de denuncias contra el Estado chileno en Naciones Unidas

POR PEDRO CAYUQUEO -  TEMUKO, PAÍS MAPUCHE  -  21 / 09 / 11
FUENTE: http://www.azkintuwe.org/20110921_001.htm#.TnqL1XYl57g.twitter

Un informe que da cuenta de la aplicación sostenida de la Ley Antiterrorista contra dirigentes mapuches presentó en Ginebra, Suiza, el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya. Hasta la sede principal de la ONU arribaron también portavoces del pueblo Mapuche, que denunciaron graves violaciones a los derechos humanos en Chile.

Duras críticas al Estado chileno sobre el trato y la integración de los pueblos indígenas planteó en su último informe el Relator Especial de la ONU, James Anaya. “El Relator Especial tiene conocimiento de acontecimientos recientes con relación a los presos mapuche y sobre la reforma y la aplicación de la Ley Antiterrorista”, señala en su informe presentado a comienzos de semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ello en la sede central del organismo en Ginebra, Suiza.

Anaya se refirió extensamente a la situación del pueblo mapuche en Chile, que ha denunciado en reiteradas ocasiones al gobierno de reprimir con exceso de fuerza las manifestaciones en demanda de sus derechos políticos y territoriales como nación. El relator escuchó en los últimos días el testimonio de diversos portavoces mapuches, como Fidel Tranamil Nahuel, en representación del territorio Makewe, que denunció la militarización de su territorio y una creciente represión policial contra la población civil.

“El proceso centenario de enajenación de nuestras tierras ancestrales por particulares y empresas nacionales e internacionales con la benevolencia de las autoridades chilenas, empobreció a nuestras comunidades, impidiendo que las actuales generaciones puedan desarrollarse y vivir un nivel de vida acorde a los estándar de vida sustentable y de respeto con la naturaleza”, señaló Tranamil, quien es además machi o autoridad religiosa mapuche.

“Los proyectos de desarrollo y de infraestructuras – agregó-, tales como la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas y particularmente el actual proyecto de un Aeropuerto en el territorio de Makewe-Trapilwe se realizan sin consulta de las comunidades concernientes y en contravención con el Convenio 169 de OIT”. Todo ello, denunció el portavoz, en un escenario donde “las legítimas protestas sociales son violentamente interrumpidas por la policía chilena, quienes detienen indiscriminadamente a los participantes incluyendo a mujeres, ancianos y niños”.

“El actual gobierno no tiene la voluntad política para implementar una política pública de restitución de territorio a las comunidades afectadas. A esto se suma la negligencia del sistema judicial para administrar justicia, causando un incremento de las movilizaciones de las comunidades desposeídas, que a su vez son reprimidas con extrema violencia, con uso de armamento y gases altamente tóxicos”, denunció Tranamil en su intervención.

Denuncia de menor de edad

Fidel Tranamil estuvo acompañado en Ginebra por Francisco Painevilo, miembro de la comunidad “Comunidad Jose Jineo Ñanco”, un menor de edad que aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos que fue detenido, secuestrado y torturado por efectivos policiales chilenos en octubre de 2009, cuando tenía 14 años, en el curso de una protesta ciudadana por tierras usurpadas.

“Fui perseguido desde un helicóptero policial mientras recibía impactos de perdigones en distintas partes del cuerpo, siendo alcanzado por la policía, amarrado de manos, sometido a vejaciones, insultos racistas, golpes y sumergido en un canal para luego ser secuestrado en helicóptero y trasladado hacia las inmediaciones del fundo Santa Lucia”, relató el menor en Ginebra. “Posteriormente fui trasladado en helicóptero a la comuna de Vilcún, trayecto en el que fui sometido a torturas, amenazándome con lanzarme al vacío si no entregaba los nombres de los ocupantes del fundo y reconocer mi participación en las movilizaciones”, indicó Painevilo.

El menor relató ante la ONU que si bien se presentó una querella criminal ante tribunales militares por torturas, hasta la fecha dicha investigación no entrega resultados concretos. “No existe además una política particular para la atención a menores de edad mapuche, víctimas de tortura físicas y psicológicas que incorpore el modelo de sanación espiritual cultural mapuche en pro de restablecer la salud integral de las víctimas, sus familias y de la comunidad”, denunció, demandando al Estado Chileno “una política de reparación e indemnización a las victimas menores de edad que viven la experiencia de vulneración de derechos de la infancia”.

Otro testimonio presentado en Ginebra fue el de Jorge Huenchullan, portavoz de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, quien centró su exposición en la grave vulneración de derechos humanos que sufren los mapuches por parte de las autoridades de gobierno. “Nuestra comunidad ha sido perseguida desde el año 1991 con una serie de atropellos. En el solo año 2006, se realizó más de 20 allanamientos policiales, lo que deja en evidencia la persecución sistemática hacia nuestros dirigentes y comunidades”, señaló.

Huenchullán denunció en particular el juicio por “terrorismo” que van a enfrentar en fecha próxima ocho miembros de su comunidad. “Esta normativa incluso se aplicó a dos menores de edad, vulnerándoles todos sus derechos como niños”, subrayó el dirigente. “La aplicación de la Ley Antiterrorista nos ha negado el derecho a un debido proceso y ha generado situaciones absurdas e injustas como la mía. Me han hecho 15 juicios en tribunales civiles, también tres procesos en tribunales militares, en los cuales siempre resulté absuelto. Sin embargo, sin haber sido nunca condenado por un tribunal, pase tres años de mi vida en la cárcel”, denunció.

“Señor Relator, no hay terrorismo mapuche en Chile, lo dijo el embajador estadounidense en Chile en el año 2009, lo que hay es ganas de justicia y paz”, señaló Huenchullan en su intervención, solicitando al representante de la ONU la presencia de Observadores de Naciones Unidas en territorio mapuche, sobre todo para monitorear el normal desarrollo del juicio oral que afectará a miembros de su comunidad.

Anaya dijo estar al tanto de estas denuncias, pero aclaró que “el Gobierno chileno ha sido receptivo a mis comunicaciones en relación al pueblo mapuche, al menos a la hora de responderme”. “En lo que se refiere a los presuntos malos tratos contra menores, el Gobierno asegura haber tomado las acciones necesarias, castigando a los responsables”, agregó el relator. Sobre las demandas de autodeterminación de la nación mapuche, Anaya recordó que esta comunidad tiene ese derecho, al igual que el resto de pueblos del mundo, pero consideró que “la cuestión clave es dar con la fórmula que les permita ejercer ese derecho”.

Anaya desestimó la existencia de una pretensión separatista de los mapuches en Chile, tal como aseguran sectores contrarios a sus reivindicaciones. “Los mapuche viven en todo Chile (...), por lo que pretender un Estado separado para el pueblo mapuche no parece una solución viable. Realmente, no es algo por lo que presione mucho el pueblo mapuche. Al menos, no es algo que yo oiga a menudo”, indicó. En su opinión, la solución pasa por “un modelo que permita al pueblo mapuche controlar genuinamente su destino, mantener la integridad de su identidad cultural y el control de sus recursos tradicionales y sus tierras, y beneficiarse de todo ello, en coexistencia con el resto de la sociedad chilena”, argumentó.

Preocupante escenario

En el ámbito mundial, el relator especial de Naciones Unidas llamó también la atención sobre la creciente amenaza que representan las empresas extractoras de materias primas, que son “fuente de abuso de los derechos de los pueblos indígenas”. Anaya explicó que su conclusión es producto de un cuestionario que envió a los gobiernos, cuyas respuestas han constatado que “no hay conciencia real sobre el impacto que las industrias de extracción tienen en los pueblos indígenas, ni sobre el papel y responsabilidad de los Estados para proteger sus derechos”.

Anaya subrayó que el “vacío de poder” es tal vez la principal amenaza que sufren los pueblos indígenas de América Latina, pues en casos como el de Colombia los ha situado al borde de la extinción. Ese vacío de poder, afirmó Anaya, es aprovechado por grupos narcotraficantes o fuerzas armadas irregulares, que pasan a controlar amplias zonas de territorio pobladas por indígenas.

“Este elemento, combinado con una falta de control eficaz por parte de los gobiernos, ha hecho que las circunstancias en las que viven los indígenas sean extremadamente peligrosas”, indicó. El Relator destacó el caso de Colombia, donde "el propio Tribunal Constitucional ha declarado que hay comunidades indígenas que están amenazadas de extinción por el tipo de agresiones que han sufrido y por el vacío de poder dejado por los gobiernos, que ha sido ocupado por fuerzas irregulares conectadas con los carteles de la droga".

El relator especial expresó su preocupación por la extensión de este modelo a América Central y a México. “Es una pauta preocupante. Los indígenas no sufren solo las habituales agresiones físicas, culturales, económicas y sociales, sino que también son víctimas del vacío de poder”, declaró. “Los narcotraficantes y las fuerzas paramilitares asociadas a su actividad se han convertido en muchos lugares en las mayores amenazas para los pueblos indígenas, sin duda alguna", dijo.