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jueves, 8 de agosto de 2013

CCTP denuncia “campaña del terror” de generadoras eléctricas para perpetuar actual modelo energético

*Ciudadanía afirma que tanto empresas eléctricas como asesores de éstas promueven argumentos para profundizar la generación eléctrica en base a carbón y megaproyectos hidroeléctricos, al tiempo que subestiman el verdadero aporte que podrían entregar las energías renovables no convencionales.
*Todo esto en el marco de una nueva licitación del suministro eléctrico para los próximos 11 años y de las dificultades que ha tenido el gobierno para imponer su agenda energética en el Congreso. 
La Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) rechazó públicamente la “campaña del terror” que se ha iniciado desde el sector eléctrico generador, tomando como base el  reciente informe elaborado para la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), denominado “Agenda para impulsar las inversiones en generación eléctrica de base en el SIC”. 
En opinión del organismo dicho informe, realizado por Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman, desconoce las deficiencias del modelo del desarrollo eléctrico implantado en el país a partir del año 1982 y culpa de los altos costos y de la limitada confiabilidad del sistema a la judicialización de los proyectos energéticos, resultante de la masiva oposición de las comunidades y los movimientos ciudadanos a dichos emprendimientos.
La CCTP cuestionó estos argumentos, esgrimidos por profesionales que han sido tanto gestores como partícipes del modelo eléctrico vigente, porque no reconocen que el alto precio de la electricidad que pagan tanto empresas como clientes residenciales se debe a un mercado eléctrico concentrado en  tres grandes empresas, un modelo marginalista que privilegia las energía más caras, y que además está sustentado en combustibles fósiles importados y contaminantes. 
Esta situación ya fue evidenciada en 2011 por un conjunto de 40 líderes sociales, técnicos, académicos y del ámbito legislativo, quienes formaron la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para la Matriz y el Desarrollo Eléctrico, en el contexto de las grandes protestas sociales ocurridas en Chile luego de la aprobación de proyectos de generación eléctrica de alto impacto, y como respuesta a la consolidación de un sistema eléctrico caro, contaminante, concentrado, vulnerable y dependiente de factores externos. 
STATU QUO VERSUS PROPUESTA CCTP 
El informe de la Confederación de la Producción y el Comercio presupone un escenario de estrechez energética que pondría en riesgo el desarrollo y crecimiento del país, criticando una supuesta dificultad para echar a andar proyectos ya aprobados, debido a judicialización y oposición ciudadana. 
El informe considera el período 2013-2020, pidiendo --a raíz de la licitación de bloques de energía por parte de las empresas distribuidoras que se efectuará a fines de este año-- que se establezcan condiciones para que puedan participar en dicho proceso centrales existentes que hoy operan con petróleo diésel, manifestándose a favor de los megaproyectos hidroeléctricos, por su bajo costo operacional. 
A juicio de la CCTP este informe desconoce el aporte real y creciente de las ERNC y la eficiencia energética (EE), pasando por alto los impactos ambientales de las mega-represas. Sin mencionar además que aunque la hidroenergía se obtiene a bajo costo porque su principal insumo se obtiene  gratis (gracias a los derechos de agua otorgados en los años 80-90), el recurso hídrico se paga a precio diesel debido al sistema marginalista imperante. 
Por ende, no es cierto que proyectos como HidroAysén bajarían los precios finales de dicha electricidad. 
En esa misma senda, en el estudio no existe ningún juicio crítico al sistema eléctrico actual sino que solamente “prepara la cancha” para una licitación eléctrica de 11 años, en vez de los 4 regulares, empleando lo que la CCTP califica como “argumentos del terror”: la falacia de un apagón inminente por la falta de proyectos, que impactaría el crecimiento de país junto con supuestos altos costos  e inseguridad de suministro de las ERNC. 
Tampoco considera la posibilidad de una interconexión SIC-SING --que permitiría usar los excedentes energéticos del norte grande hacia las regiones II y IV sin necesidad de construir nuevos proyectos --ni se hace cargo de las externalidades ambientales y sociales negativas de los combustibles fósiles tradicionales. 
En cambio, la propuesta “Chile necesita una gran reforma energética” apunta a democratizar el sector eléctrico chileno, estableciendo el acceso a la energía como un bien público; ampliando la responsabilidad y atribuciones del Estado para orientar el desarrollo eléctrico; incluyendo condiciones de transparencia y control del mercado eléctrico en cuanto a costos, diversificación y competencia. 
Hasta la fecha, los evidentes problemas del funcionamiento del sistema eléctrico han sido enfrentados por la autoridad mediante las llamadas leyes cortas que aportan paliativos parciales e insuficientes a un modelo de desarrollo que requiere de  cambios estructurales. 
A juicio de los integrantes de la CCTP, Chile necesita una política activa del Estado, respaldada por una participación ciudadana informada y vinculante, y orientada al bienestar de la población, el cuidado del territorio y la sustentabilidad del desarrollo. El futuro energético de Chile no puede ser determinado por los intereses de las empresas eléctricas, su lobby, y sectores políticos que en el Parlamento favorecen a las empresas, por sobre el interés común y la ciudadanía. 
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: www.energiaciudadana.cl

CELCO-ARAUCO: La empresa modelo del descalabro ambiental en Chile

Se espera que la justicia caiga sobre los responsables y en la eventualidad que la empresa apele a este dictamen, toda acción simplemente ratifique las medidas señaladas por el tribunal, condenándolos a reparar materialmente la tragedia ambiental generada y el daño económico causado a la región.
Esa es la conclusión que nos inunda al leer los detalles de la investigación que dio lugar al fallo del Primer Juzgado Civil de Valdivia en este emblemático caso.
Esta industria obtuvo la aprobación para su proyecto (EIA) en 1998 (RCA Nº 279/98), por 550 mil ton/año de celulosa kraft, se ubica a tan sólo 500 metros del río Cruces, en cuyo cauce se encuentra el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter (Humedal del Río Cruces – protegido por el DS Nº 2734/1981).
En la época esto fue objetado duramente, con informes técnicos y una oposición ciudadana que, en conocimiento del impacto que ya había producido la industria de la celulosa en otras zonas del país, hacían impensada su aprobación original ya que eran insostenibles los argumentos que respaldaban su funcionamiento inofensivo.
No obstante, en enero del ‘96 el Comité Técnico declaró el proyecto ambientalmente inviable y lo rechazólo que luego fue aplacado, moderado y por último invisibilizado, luego que en marzo de ese mismo año, el Presidente Frei visitó los terrenos de la planta y apoyó públicamente su construcción.
Con el respaldo político de turno y las promesas de una industria modelo para la región, de tecnología única en Latinoamérica, se creó la tormenta perfecta destinada a bypassear la frágil institucionalidad ambiental de nuestro país. Así, se escribió uno de los capítulos más oscuros de la herencia socio ambiental de los gobiernos de la Concertación en complicidad con el poder industrial de nuestro país.
Y es este mismo poder el que hasta hoy mantiene una lucha sin cuartel con los pescadores y comunidades que se oponen a la disposición de los desechos de esta industria en las costas y áreas de pesca de la región.
Del fallo, con fecha 27 de julio de 2013, se desprende que la empresa contradiciendo su autorización de funcionamiento, proceso 668 mil/ton/año de celulosa, vertió residuos industriales líquidos al río Cruces en composición y cantidad superior a lo autorizado, provocando aumento de la temperatura, presencias de ácidos y metales pesados que, entre otros elementos, desencadenaron procesos químicos, físicos y la consecuente “destrucción ilegal y deliberada del humedal”.
Esta situación afectó la cadena de vida y supervivencia del ecosistema que ha albergado a centenares de especies, entre mamíferos, reptiles, anfibios e insectos y aves, siendo las mas representativas -e indicador biológico que mayor impacto publico genero en esta tragedia- los cisnes de cuello negro. Estas aves literalmente se desplomaron sobre las cabezas de la población en las comunas de San José de la Mariquina y Valdivia.
De igual modo se espera que la justicia caiga sobre los responsables de este caso y en la eventualidad que la empresa apele a este dictamen, toda acción simplemente ratifique las medidas señaladas por el tribunal, condenando a la empresa a reparar materialmente la tragedia ambiental generada y el daño económico causado a la región.

miércoles, 7 de agosto de 2013

Misión "Pintana - Pirque"

por @rodrigodelao
Con la presencia del alcalde de la comuna de Pelluhue, Don Nelson Leal, miembros del Concejo, funcionarios del municipio, profesionales y representantes de la comunidad se realizó una visita a la Dirección de Gestión Ambiental (DiGA) de la Municipalidad de La Pintana y a la Escuela Agroecológica de Pirque.

Gracias a la gestión de profesionales de Servicio País se realizó esta misión la que permitió conocer procesos de eficiencia donde la comuna de La Pintana tiene cerca de veinte años de experiencia en la separación de residuos en origen, tratamiento y reutilización de desechos orgánicos como material de cobertura vegetal para la reconstrucción y mejoramiento de suelos, como así también, aceites comestibles y su conversión a biocombustibles. También se pudo conocer los distintos procesos de separación y reducción sumados a huertos orgánicos en espacios reducidos.

La Pintana posee una población de 200 mil habitantes en 3.030 hectareas y ya cumplen con el Sello de Excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) convirtiéndose en un modelo a seguir para la comuna de Pelluhue. Apuntando a un Modelo de Desarrollo Sustentable y una Estrategia de Cambio Global el Municipio capitalino se enfoca en que "a problemas globales” deben existir “soluciones locales” en distintas áreas: Operaciones Ambientales, Áreas Verdes, Salud Ambiental y Educación Ambiental.
Manuel Valencia, Director DiGA, señalo que es importante poder sensibilizar a la comunidad con una campaña sistemática de inclusión (Puerta a Puerta) que pueda explicar de manera clara y simple los beneficios de la “separación en origen”.
Escuela Agroecologica de Pirque
Con posterioridad a la visita en la comuna de La Pintana la delegación pelluhuana se dirigió a la Escuela Agroecológica de Pirque donde los mismos alumnos hicieron de guías para mostrar los distintos procesos agro productivos con una base orgánica y natural de respeto por el medio ambiente. En un entorno de gran belleza campestre se pudo apreciar el interesante concepto de asociar al sistema educacional con las competencias técnicas que impulsen estrategias de cuidado en la elaboración de alimentos orgánicos sin productos artificiales en su proceso.
En síntesis, la visita resulto muy provechosa en lo relativo a poder conocer experiencias que han ido desarrollando una estrategia de mitigación y preservación en los procesos. En la Pintana surge la conciencia y necesidad de reducir los desechos como así también poder considerar los residuos como un recurso que puede, en si mismo, poder ser aprovechado nuevamente y significar un ahorro y un nuevo aporte. Por otro lado la Escuela Agroecológica de Pirque brinda un concepto de enseñanza practico ideal avanzado que combina el trabajo teórico con a aplicación práctica en el terreno mismo donde se producen los cultivos orgánicos. Esta relación y entendimiento con nuestro entorno es lo que nos permite poder avanzar hacia un desarrollo sostenible que nos demuestra que es posible replicar y adaptar estrategias, conceptos a la realidad local y que se seguirá trabajando hacia el futuro.
Como ONG nos pone muy contentos de ver como se plantean nuevos desafíos. Seguiremos trabajando y colaborando para fortalecer estrategias y seguir avanzando y aprendiendo que existen mejores conductas para un mejor vivir.

martes, 30 de julio de 2013

Celulosa-Arauco y el desastre del Río Cruces: ¡culpable!

Celco-Arauco no sólo no informó tales descargas a las autoridades, ocultando datos, sino que, en su afán de negar su responsabilidad, se abstuvo de tomar medidas de mitigación a las que la propia RCA la obligaba. Por su parte, los informes periciales solicitados por el tribunal concluyeron que se trata de un desastre ecológico excepcionalmente agudo: en solo tres meses las descargas tóxicas colapsaron el humedal de 6 mil hectáreas, legalmente protegido por el Estado de Chile y por la Convención Ramsar.
Hemos conocido el fallo de primera instancia que condena a Celco-Arauco por el daño ambiental causado desde comienzos del 2004 al Santuario del Río Cruces en Valdivia. Han sido 8 largos años de investigación a cargo de la jueza Gloria Hidalgo, del Primer Juzgado Civil de Valdivia. Las pruebas aportadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que interpuso la demanda en abril del 2005 en representación de los afectados, lograron demostrar la culpabilidad de la planta de celulosa Valdivia en el desastre, a la vez que permitieron refutar cada una de las hipótesis exculpatorias sostenidas por la empresa, las que apuntaron a causas naturales.
El principal argumento del CDE fue demostrar que los drásticos cambios ecológicos ocurridos en el Santuario se correlacionan con las descargas de compuestos que excedieron de forma sistemática lo permitido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o que, más grave aún, nunca fueron autorizados. En particular, el CDE resaltó el efecto provocado por compuestos ilegalmente descargados y reconocidamente biotóxicos, como el clorato, que en el caso del Río Cruces tiene como única fuente la industria de Celco-Arauco. Estas ilegalidades dieron origen a 17 procesos sancionatorios en contra de Celco-Arauco, varios ya ratificados por la Corte Suprema. El CDE sostuvo que, como agravante, estas persistentes ilegalidades dan cuenta de un comportamiento intencionado, toda vez que la empresa, por su vasto conocimiento del proceso industrial de la celulosa, debió anticipar los efectos de sus descargas. Pero Celco-Arauco no sólo no informó tales descargas a las autoridades, ocultando datos, sino que, en su afán de negar su responsabilidad, se abstuvo de tomar medidas de mitigación a las que la propia RCA la obligaba. Por su parte, los informes periciales solicitados por el tribunal concluyeron que se trata de un desastre ecológico excepcionalmente agudo: en solo tres meses las descargas tóxicas colapsaron el humedal de 6 mil hectáreas, legalmente protegido por el Estado de Chile y por la Convención Ramsar.
Aunque es probable que ambas partes apelen, prolongando el proceso judicial, este es un fallo histórico en este emblemático caso de la historia ambiental de Chile. En primer lugar, porque establece por primera vez de manera oficial la responsabilidad de Celco-Arauco, poniendo fin a una extensa y extenuante etapa en que la empresa hizo todo lo posible por desacreditar los informes que la culpaban, alimentando la confusión y la incertidumbre. La falta de un pronunciamiento oficial ha impedido que, en todos estos años, se tomen acciones concretas para reparar y proteger el ecosistema dañado, mientras la planta de Celco-Arauco ha seguido funcionando. A su vez, ello ha interferido negativamente en el diseño de medidas como la Norma de Calidad Secundaria del Río Cruces, que se encuentra en etapa final de aprobación. De haber existido a tiempo un reconocimiento oficial de la responsabilidad de CELCO-ARAUCO esta norma podría haber regulado de modo más estricto los compuestos que hoy se confirma provocaron el desastre, contribuyendo de modo efectivo a recuperar la calidad histórica de las aguas de este ecosistema.
En segundo lugar, el fallo pone en cuestión los criterios que en su momento las autoridades ambientales exigieron a fin de reconocer la responsabilidad de Celco-Arauco. Aunque muchas de las pruebas aportadas en el juicio han estado hace años en manos de los servicios públicos, ellas fueron consideradas insuficientes. Estos servicios tampoco hicieron lo necesario para generar las pruebas adicionales que confirmaran o descartaran la responsabilidad de Celco-Arauco. Así, todos estos años, las instituciones han operado en la ambigüedad, reconociendo tácitamente que Celco-Arauco es culpable pero argumentando a la vez que no es posible hacer nada mientras ello no esté ‘demostrado’. Esto ha producido decisiones contradictorias, permitiendo la continuidad del daño. En particular, cabe recordar que, teniendo en sus manos el informe de la Universidad Austral de Chile (UACh) que en abril de 2005 concluyó la existencia de una relación directa entre las descargas de Celco-Arauco y el colapso del Santuario, la COREMA le entregó a la empresa un permiso administrativo, al margen de los requerimientos legales, para continuar vertiendo los mismos compuestos no autorizados que la UACh identificó como causantes del desastre. Las autoridades esperaban de la ciencia una demostración irrefutable de las causas del desastre –es decir, probada experimentalmente. Algo imposible debido a la complejidad de las variables involucradas.
Se escudaron entonces en la falta de convicción científica para abstenerse de tomar medidas que detuvieran el desastre. En contraste, el fallo sostiene que el tribunal arribó a la convicción plena sobre tal causalidad por medio de un enfoque criminalístico (inductivo), basado en la correlación espacial y temporal de las descargas tóxicas y sus efectos ecológicos. Si el país pretende avanzar seriamente en el fortalecimiento de sus instituciones ambientales, resulta crítico hacernos cargo de las lecciones que se derivan de este caso en relación al papel de la ciencia. En particular es necesario fortalecer los mecanismos precautorios que la nueva legislación contempla, para que las autoridades no se escuden en la falta de pruebas científicas cuando deban tomar medidas preventivas requeridas con urgencia. A la vez, es necesario que los nuevos Tribunales Ambientales desarrollen protocolos probatorios para llegar a conclusiones oportunas en casos científicamente complejos.
En tercer lugar, el fallo da inicio, por fin, a la fase de recuperación del Santuario y de reparación de los daños derivados del desastre por la que los ciudadanos de Valdivia se movilizaron tan intensamente. Y aquí radica su principal debilidad: las medidas reparatorias con las que el fallo condena a Celco-Arauco son generales y apuntan a actividades de investigación y monitoreo sin considerar acciones concretas de recuperación del humedal o de reparación de los daños, que no son solo ecológicos, sino también sociales, culturales y económicos, como el propio fallo señala. ¿Cuáles serán la imagen objetivo y las metas de recuperación del Santuario?, ¿qué daños serán considerados?, ¿se tomarán en cuenta los efectos del desastre en las comunidades humanas?, ¿cuál será la entidad encargada de implementar las medidas financiadas por la empresa?, ¿quiénes participarán en estas decisiones e instancias? El fallo no se hace cargo de estos temas, dejando en manos de los actores involucrados la tarea de diseñar en detalle e implementar las medidas generales que ordena. Ello supone asumir grandes temas pendientes, comenzando por dar inicio a un debate público sobre cómo abordar la fase de restauración que se inicia. Tarea que es crítica, más aún considerando que en Valdivia existen visiones diversas sobre cuál es el Santuario que se quiere recuperar, cuáles son las medidas para lograrlo y quiénes debieran participar en el proceso.
A casi una década del inicio del desastre del Santuario del Río Cruces, el fallo conocido da inicio a una nueva etapa que nos enfrenta a nuevos desafíos. Las autoridades regionales, la comunidad académica local y los actores sociales tienen la valiosa oportunidad de emprender en conjunto un proceso de recuperación del humedal y de reparación de los daños causados que sea, a la vez, técnicamente riguroso, ampliamente participativo y socialmente legítimo. Los valdivianos, cuya movilización ha sido determinante para que esta nueva etapa sea hoy posible, nos merecemos este esfuerzo colectivo. El desastre del Río Cruces remeció nuestra relación con el entorno donde vivimos y producto de ello la visión que esta región ha definido sobre su desarrollo enfatiza como nunca antes la protección responsable de nuestro patrimonio natural. Para que ello sea posible, es necesario que nos pongamos a la altura del desafío que comienza. Es momento de demostrar que ya no somos los mismos.
CLAUDIA SEPÚLVEDA
Socióloga, Magíster en Medio Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, PhD (c) en Geografía Humana